Posible inconstitucionalidad en las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno

¿Medidas inconstitucionales adoptadas por el gobierno?

Para obligar al confinamiento el 14 de marzo se debería haber decretado el estado de excepción, no el de alarma, que resulta insuficiente, porque se ve desbordado por el desarrollo normativo posterior y por las restricciones generales de diversos derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución. Ante las medidas más restrictivas de derechos fundamentales en la historia de nuestra democracia, se debió advertir que la suspensión de éstos desbordaba la previsión constitucional del estado de alarma, habiendo sido necesario optar otras fórmulas más congruentes con la finalidad que se perseguía.

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Juntos-sí podemos vencer, salvemos España ahora antes de que sea tarde

La suspensión de derechos fundamentales se ha llevado a cabo a través del instrumento jurídico equivocado, desde el momento en que las atribuciones que el estado de alarma confiere a la autoridad gubernativa no consienten la suspensión de Derechos FundamentalesSe han producido auténticas suspensiones y limitaciones de derechos, de alcance cuasi universal, apenas matizadas por la contemplación de algunas excepciones a su aplicabilidad. Lo que cabalmente sitúa al mismo fuera del marco constitucional y de la habilitación legislativa. 

Además la elevada discrecionalidad en manos de los agentes ha provocado una situación de inseguridad jurídica, que va a dar pie a un “aluvión de recursos” y “un gran atasco” judicial a la hora de resolverlos. Son opiniones expresadas por tres prestigiosos juristas consultados sobre las medidas coercitivas impuestas para combatir el coronavirus. 

BOE Juntos-Si

Las dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno aumentan, y la respuesta de la Justicia podría suponer un desembolso de las sanciones indebidamente abonadas por este motivo. Esta polémica se ha originado por el artículo 7, que limita la libre circulación de personas, algo que según algunos juristas sólo podría limitarse mediante el estado de excepción, pues se trata de un Derecho Fundamental . Si los tribunales confirmaran la ilegalidad de este recorte de Derechos y Libertades, el Gobierno se arriesga a responder de los perjuicios acreditados y denunciados por los ciudadanos. Además, las personas que han sido detenidas por incumplimiento de las medidas superan las 6.000 desde el 14 de marzo y muchas de ellas también pueden reclamar una indemnización al Estado. 

El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de un abogado contra el Real Decreto del estado de alarma porque se vulneran derechos fundamentales de libertad, como son la reunión y circulación de las personas, que no podrían quedar limitados mediante esta fórmula constitucional. Sin embargo la Fiscalía se opone a aceptar este recurso argumentando que sólo el Tribunal Constitucional es competente para resolver las reclamaciones sobre el decreto del estado de alarma. Por otro lado, la oficina del Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas de particulares y de asociaciones de juristas solicitando interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

En general, en estos escritos se manifiesta que el Gobierno está vulnerando derechos fundamentales:

Tribunal Constitucional Juntos-Si

La vulneración más denunciada es la que atenta contra la libertad ambulatoria, recogido en el artículo 19 de la Constitución, y le sigue muy de cerca la vulneración del derecho de reunión del artículo 21 de la Carta Magna. Según nuestros expertos juristas, de prosperar la demanda en el Supremo, podríamos ver que muchas sanciones impuestas a ciudadanos podrían quedar anuladas y el denunciado podría solicitar el reembolso de la multa indebidamente pagada al Estado. La principal polémica surge porque en estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales, sin embargo en el estado de excepción y sitio sí lo permiten. La demanda que estudiamos interponer se basa en estos conceptos, por lo que entendemos que algunas de las medidas aplicadas por el Gobierno se excederían del contenido de las medidas propias del estado de alarma y el punto más controvertido es el de limitación a veces discrecional de la libertad ambulatoria. El estado de alarma no puede afectar los derechos fundamentales como el de movimiento, reunión o asociación. 

Salvemos España también ante el defensor del pueblo

Un grupo de juristas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por lo que consideran “la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia” con motivo de la declaración del estado de alarma. En el escrito remitido a Francisco Fernández Marugán, los firmantes -entre los que figuran catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, ex jueces y abogados- le instan a plantear de forma “inmediata” ante el Tribunal Constitucional (TC) sendos recursos de inconstitucionalidad y amparo ante lo que consideran “graves deficiencias jurídicas” del andamiaje normativo puesto en marcha por el Gobierno durante el estado de alarma. 

Francisco Fernandez Marugan Defensor del Pueblo 2020 Juntos-Si

Para los denunciantes, el Gobierno ha llevado a cabo la declaración de un estado de excepción encubierto, puesto que a la vez que se decretaba el estado de alarma, se suspendía una decena de derechos fundamentales. Entre otras cuestiones, consideran que todas las sanciones impuestas por incumplir las medidas de confinamiento “nulas de pleno derecho” al tachar de inconstitucional la suspensión de derecho fundamental a la libertad de circulación. 

Tras poner de manifiesto su grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades de los españoles, estos juristas enumeran casi una decena de supuestas vulneraciones de derechos constitucionales tanto en el decreto de alarma como en las órdenes posteriores que lo han desarrollado, entre ellas la suspensión de la libertad de circulación, de los derechos de reunión y manifestación, del derecho de libertad religiosa, de libertad de empresa y la paralización del normal funcionamiento del Congreso. Asimismo, cuestionan la legalidad de la operación Balmis, de las medidas adoptadas por Instituciones Penitenciarias y de los estudios impulsados por el Ejecutivo basados en la geolocalización masiva de todos los ciudadanos, y denuncian el presunto incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España en cuanto al libre desarrollo de las funciones diplomáticas y consulares. 

Firman el escrito de 62 folios presentado ante el defensor del pueblo, los juristas Carlos Flores y Carlos Ruiz Miguel, catedráticos de Derecho Constitucional de las universidades de Valencia y Santiago de Compostela, respectivamente; el ex magistrado Carlos Vaquero López, profesor universitario y abogado; el también profesor universitario y abogado Santiago Carretero, y los letrados Miguel Ángel Salom, Rafael Abati y Sergio Nuño Díez de la Lastra. 

Confinamiento Calles vacias Juntos-Si

La queja al Defensor del Pueblo supone de hecho un cuestionamiento a toda la normativa vigente por la que los ciudadanos se encuentran confinados y más de medio millón de ciudadanos han sido duramente sancionados por incumplir las medidas impuestas. La suspensión de los derechos fundamentales que sufrimos en estos días resulta ser inconstitucional, lo que habrá de tener notables consecuencias en sede administrativa y en otros órdenes jurisdiccionales. 

De ahí que su pretensión sea que el Defensor del Pueblo plantee ante el TC un recurso de inconstitucionalidad “para que realice ese control de garantías que la ley y nuestro Estado de Derecho le atribuye” con el objetivo de “salvaguardar y analizar que todos los derechos fundamentales suspendidos durante la declaración y vigencia del estado de alarma”. Asimismo, instan a la institución a formalizar un recurso de amparo contra la normativa de desarrollo “que vulnera la propia declaración del estado de alarma y los derechos reconocidos en la Constitución, incluyendo los actos de la Mesa del Congreso que vulneran derechos fundamentales”. 

 

 

No se trata de estar o no de acuerdo con las medidas adoptadas, que desde una óptica sanitaria pueden ser necesarias, sino del cuestionamiento que se hace de la citada norma cuando no se respetan los cauces normativos impuestos por el ordenamiento jurídico, en una situación en la que el Ejecutivo concentra las competencias y diluye el poder de control y decisión del Parlamento. 

 

Presidente Pedro Sanchez habla Juntos-Si

 

Respecto a la suspensión de derecho fundamental a la libertad de circulación supone una suspensión de facto del derecho a deambular y fijar su lugar de residencia libremente a todos los ciudadanos españoles, que desborda la previsión normativa contenida en la Ley para el supuesto del estado de alarma. Además, tampoco puede haber una sanción gubernativa, siendo todas las sanciones impuestas desde que se decretó el estado de alarma nulas de pleno derecho y por ende deben ser anuladas y archivadas sin sanción alguna para los ciudadanos denunciados. 

En cuanto a la suspensión del derecho de reunión y manifestación, que atenta contra derechos como el de lalibertad de culto, aseguran que la imposibilidad de reunirse supone una flagrante vulneración de este derecho que deja inerte a la sociedad.

Rueda de prensa del gobierno Juntos-SiLa pregunta es si no es viable la reunión, por ejemplo, de familiares de víctimas que no sabe dónde están sus seres queridos, o de protesta ante la falta de mascarillas, equipos EPI y otros que son los que separan al virus Covid-19 del organismo evitando que éste enferme, aseguran al tiempo que denuncian que se ha impedido la libertad de expresión de los familiares y amigos de los afectados, que tienen derecho a expresar su indignación por la gestión de la pandemia que han visto el fallecimiento de familiares directos desde la distancia y sin poderles acompañar. La orden de Sanidad, añade, “viola el derecho a la libertad religiosa al suspender los servicios religiosos fúnebres durante el estado de alarma. 

Los firmantes de la queja también creen “radicalmente contraria a la Constitución” la suspensión del derecho fundamental a la libertad de empresa. No hay duda de que la suspensión de las actividades de industrias o comercios y el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características están reservados a la declaración del estado de excepción o de sitio. 

Salvemos España de las medidas de confinamiento de dudosa legalidad

Los juristas también discutimos si las medidas adoptadas por el Gobierno responden propiamente al estado de alarma decretado o si se asemejan al estado de excepción o de sitio. Somos conscientes de que las medidas adoptadas por el Gobierno se basan en recomendaciones dadas por los científicos como el único método para evitar la difusión de una enfermedad frente a la que nos encontramos a día de hoy sin vacuna. 

Podemos plantear si el confinamiento debe tener más o menos excepciones, pero no debemos olvidar el derecho a la vida frente a una crisis sanitaria desconocida hasta la fecha. Es razonable pensar que la situación actual, totalmente excepcional, no encuentre solución legal sencilla para todos estos casos complejos e igualmente excepcionales, y que además se adapte en todas sus variantes a la Constitución. 

La Constitucion española Juntos-Si

La Ley sí contempla que para controlar una epidemia y detectar a los portadores concretos, es posible tomar medidas excepcionales y llegar a denegar la libertad de libre circulación. Desde ese punto de vista, sí se podría justificar el internamiento obligatorio. De hecho, ya se hace en los hospitales donde a los enfermos contagiosos se les puede impedir irse a sus casas con una orden judicial. Pero esto está pensado para casos excepcionales y no para el conjunto de la población.

No existe una compatibilidad legal en el Real Decreto del Gobierno, aunque se haga desde el punto de vista de la necesidad de impedir la extensión de la pandemia. Probablemente, el derecho a la vida es la única salida razonable que argumentará el Estado, tal y como ya se está observando en otros países vecinos.

 

Todos estamos de acuerdo en que una vez pasada la pandemia, los jusristas apuestan por revisar y realizar las modificaciones requeridas en las diferentes leyes para que, en caso de suceder otra pandemia de similares características, se puedan aplicar figuras concretas con todas las garantías legales para los ciudadanos. 

Sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado

Si bien hay que destacar sobre todas las posibles críticas, que la actuación de la gran mayoría de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado están realizando un trabajo formidable, sin embargo tenemos que hacer mención por otro lado de deficiencias y de errores cometidos en algunos casos aislados. 

Desde el Gobierno de coalición Sanchez-Iglesias no se han definido con la claridad suficiente, muchos de los supuestos que pueden presentarse ante los agentes durante el desarrollo de su actividad de control, por lo que se han producido muchas situaciones de desconcierto y los agentes han actuado según su criterio en cada ocasión. También se han favorecido este tipo de errores desde la dirección del Estado, al comunicar unos días unas cosas y otros días otras, generando mayor incertidumbre en la población y en muchos casos no dejando claros aspectos que pueden ser interpretados de formas diferentes según quien realice determinada actividad. 

Policia controla calles Juntos-Si

Por eso hay que cuestionar laOperación Balmis y la realización por parte de las  Fuerzas Armadas de labores de seguridad ciudadana, lo que según constatan abre la posibilidad de recurrir a un colectivo conformado por 130.000 militares como agentes de la autoridad, en toda su dimensión. Pero es un hecho que los militares no pueden formular denuncias ni detener. Cuando es necesario, deben requerir a los agentes de Policía o Guardia Civil para que lo hicieran, tal cual se ha explicado a través de una orden de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de 27 de marzo. 

La atribución a los miembros de las Fuerzas Armadas de la condición de agentes de la autoridad, arroja más sombras que luces en lo referente a las competencias que pueden desarrollar desde ese momento, pues se les otorga la condición de autoridad y se les corta, de facto, el posible desarrollo de competencias inherentes a tal consideración. La existencia de sombras, de dudas, genera inseguridad jurídica, tanto en el que se pueda creer con legitimidad para el desempeño de una misión como en el ciudadano que puede ser objetivo de tal actuación, con el consiguiente riesgo de nulidad de las actuaciones. 

Rueda de prensa del gobierno Interior Juntos-Si

Como hemos explicado antes para obligar al confinamiento se debería haber decretado el estado de excepción, no el de alarma. Además la elevada discrecionalidad en manos de los agentes ha provocado una situación de inseguridad jurídica, que va a dar pie a un “aluvión de recursos” y “un gran atasco” a la hora de resolverlos. Las detenciones por estas causas son “un despropósito, pero los casos de prisión provisional son una auténtica barbaridad”. Son opiniones expresadas por tres prestigiosos juristas consultados sobre las medidas coercitivas impuestas para combatir el coronavirus. 

De entrada el Real Decreto 463/2020 es inconstitucional porque suspende la libertad de circulación que reconoce la Constitución en su artículo 19. La suspensión tan solo es posible previa declaración del estado de excepción o sitio, pero nunca del de alarma (artículo 55). La libertad de circulación ha quedado suspendida y no simplemente limitada porque el Real Decreto no respeta el contenido mínimo esencial de la expresada libertad, que ha quedado desvirtuada hasta hacerla irreconocible. Las cosas son lo que son y no lo que el redactor de la norma, que ni siquiera tiene el rango de ley orgánica, dice que son. 

 

Policia controla carreteras Juntos-Si

La actuación de los agentes policiales, aplicando sanciones en aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno, se ha generado en la ciudadanía la cultura del miedo impropia de un Estado democrático de Derecho. Con la publicación de la norma y, sobre todo, la interpretación, en muchos casos arbitraria, que se está haciendo de la misma hemos sufrido una involución y se ha ido al traste el trabajo de reconocimiento y respeto de derechos y libertades que tantos años y esfuerzos costó a nuestros mayores.

El objetivo urgente e irrenunciable debe ser regresar a la normalidad y abandonar la excepcionalidad jurídica abruptamente impuesta. Y el comienzo debería pasar por la fiscalización del Real Decreto por parte del Tribunal Constitucional y por la impugnación ciudadana de aquellas eventuales sanciones que consideren fruto de la arbitrariedad; a buen seguro hallarán el mayor tesoro que nos queda: jueces y tribunales independientes, únicamente sometidos al imperio de la ley”. 

 

Se acumulan las quejas por arbitrariedades

Algunos casos que se están produciendo son “sangrantes”. La norma deja una total discrecionalidad a los agentes, lo que está provocando una gran inseguridad jurídica y va a dar pie a un aluvión de recursos. 

Letrados consideran que se ha instaurado un estado de excepción encubierto, donde se producen demasiadas arbitrariedades. La gente no sabe qué puede y que no puede hacer. Esta situación conllevará a su juicio que la inmensa mayoría de las propuestas de sanción queden en nada. Como las normas son muy vagas y no se concretan bien todos los supuestos y lo que los agentes deben hacer en cada caso, se generan confusiones y situaciones injustas para los ciudadanos. 

Policia controla calles 1 Juntos-Si

Se trata de una situación extraordinaria y aplicar las normas puede resultar muy complicado para el policía. Las detenciones y las medidas de prisión preventiva no son ajustadas a derecho por mucho que haya reincidencia, porque las normas administrativas ya prevén medidas para los casos de reincidencia. 

Los encarcelados por el incumplimiento de medidas deberían salir de prisión y podrían solicitar una indemnización al Estado, si se anulan las limitaciones de libertad. 

Tabla de multas Juntos-SiLas multas y otras sanciones sobre actuaciones contra la libre circulación están en el punto de mira.

Si el Supremo o el Constitucional considera que el estado de alarma no justifica la limitación  de la libertad ambulatoria, las sanciones por quebrantar esa prohibición no tendrían que haber sido impuestas ni ejecutadas, por lo que quedarían nulas y se quedarán sin efecto. Si la denuncia prospera y se falla a nuestro favor, muchas multas no se tendrán que abonar, y en caso de haber sido abonadas, se podría solicitar su reembolso al Estado. 

Más complejo aún se vuelve el problema para los casos de ingreso en prisión de aquellas personas que se han saltado el confinamiento, y que hayan sido encarcelados expresamente por este hecho. Si la justicia española llegara a anular las limitaciones sobre la libertad de movimientos, las personas que han sido condenadas en vía penal por una violación reiterada de ese confinamiento e ingresaron en prisión, deberán salir de prisión de inmediato quien se encontrara encarcelado y si demuestra que entró en prisión por un delito que no podía haber sido cometido -no había responsabilidad por no respetar el confinamiento-, el afectado podría solicitar una indemnización al Estado por responsabilidad patrimonial. 

 

Las medidas también afectan a prisiones

Estos juristas también consideran inconstitucionales las medidas restrictivas en el ámbito de las instituciones penitenciarias -la suspensión de las comunicaciones ordinarias de los internos, “sin exceptuar las comunicaciones con sus letrados defensores”, y los permisos. Una orden ministerial que, en su opinión, limita “sin cobertura de ley”, el ejercicio de dos derechos fundamentales, “por lo que incurre en causa de nulidad”: el derecho de defensa y el derecho que asiste a todo condenado “a que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social y al desarrollo integral de su personalidad”. 

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Innecesaria paralización de la actividad política

También denunciamos que el Gobierno ha limitado casi de modo absoluto, al menos en las primeras semanas, la actividad del Congreso, de manera que desde que se declaró el estado de alarma, no se le ha permitido poder realizar sus funciones ordinarias de control del Ejecutivo como corresponde, lo que le ha privado de cumplir lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica que regula el estado de alarma, que prevé la intervención del Congreso no solamente para autorizar la prórroga, sino para que el Gobierno rinda cuentas de las medidas adoptadas, obligando además al Ejecutivo a suministrar a la Cámara Baja la información que le sea requerida. Si hay un momento en el que especialmente esta información debe ser permanente e intensa, cuantitativa y cualitativamente, es éste. 

También debemos revisar una posible inconstitucionalidad respecto a la app “asistencia covid-19” y al estudio Datacovid por el que se acuerda la geolocalización general de toda la población, un almacenamiento de datos masivos que acarrea, una grave intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de la propia imagen y de protección de datos, ya que no encuentra respaldo normativo ni encaje constitucional con la citada orden ministerial que lo acuerda. Este modelo, está importado de países como China, con una tradición jurídica poco defensora de los derechos fundamentales y no respeta la privacidad de los ciudadanos. 

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