Estudio de Recurso de constitucionalidad contra las medidas adoptadas por el gobierno

Las dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto del estado de alarma aprobado por el Gobierno aumentan, y la respuesta de la Justicia podría suponer un desembolso millonario para el Estado. La polémica viene por el artículo 7, que limita la libre circulación de personas, un derecho fundamental que según algunos juristas sólo podría limitarse mediante el estado de excepción. En caso de que los tribunales lo confirmen, el Gobierno se arriesga a tener que devolver el importe de las 696.653 multas propuestas hasta ahora por saltarse el confinamiento. Además, las víctimas de las 6.216 detenciones producidas desde el 14 de marzo también podrían pedir una indemnización al Estado.

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